La Dirección General de Transportes no ha emprendido campaña de persecución alguna contra los agricultores, como lo demuestra el hecho de que en el último año solo 30 han sido sancionados por transportar mercancías ajenas, indica el Gobierno de Extremadura.
Ante las críticas “injustificadas” de la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito, Transportes reitera que no está sometiendo a los agricultores extremeños a un proceso extraordinario de inspección y que se está limitando a cumplir una normativa estatal (la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, en este caso). Recalca, asimismo, que todo profesional del campo que transporte su propia cosecha no debe tener temor a ser sancionado.
El director general de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Extremadura, Miguel Ángel Rufo, lamenta que “colectivos como UPA-UCE o la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito intenten confundir y alarmar a los profesionales del campo, amplificando un problema que no tiene la dimensión de la que hablan”. No obstante, la Consejería de Fomento vuelve a ponerse a disposición de los agricultores para resolver cuantas dudas tengan sobre la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.
Rufo asegura que desde la Consejería de Fomento se ha realizado un ejercicio de transparencia y asesoramiento con los representantes de los agricultores, para acercar la realidad compleja de la normativa del transporte a las tradicionales prácticas de recolección agrícola, con el único objetivo de que los profesionales del campo sepan cómo actuar y puedan llevar a cabo el transporte sin incurrir en infracciones.
La Dirección General de Transportes de Extremadura tramita una media de 4.000 sanciones al año por incumplimiento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. De ellas, 3.600 son actas abiertas por la Guardia Civil, “por lo que lo único que se hace desde la Consejería de Fomento es darles trámite administrativo para cumplir la normativa legal. Del total, sólo 400 sanciones responden a las obligadas labores de inspección de la Dirección de Transportes”.
De las 4.000 sanciones tramitadas en el último año, la inmensa mayoría afectan a transportistas y sólo 30 han afectado directamente a agricultores como consecuencia de la labor de inspección de la Dirección General de Transportes. “La mayor parte de ellas se refieren a falsos agricultores cuya única actividad era el transporte público de mercancías ajenas”, añade el Gobierno de Extremadura.
Miguel Ángel Rufo sostiene que la Administración debe velar por que se lleve a cabo el transporte público contando con las autorizaciones preceptivas y reuniendo los requisitos que exige la legislación vigente. Por ello, no entiende que los colectivos agrarios antes mencionados inviten a la Consejería de Fomento a no hacer cumplir la ley, una normativa que además tiene rango estatal.
La Dirección General de Transportes no ha emprendido campaña de persecución alguna contra los agricultores, como lo demuestra el hecho de que en el último año solo 30 han sido sancionados por transportar mercancías ajenas, indica el Gobierno de Extremadura.
Ante las críticas “injustificadas” de la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito, Transportes reitera que no está sometiendo a los agricultores extremeños a un proceso extraordinario de inspección y que se está limitando a cumplir una normativa estatal (la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, en este caso).
Recalca, asimismo, que todo profesional del campo que transporte su propia cosecha no debe tener temor a ser sancionado.El director general de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Extremadura, Miguel Ángel Rufo, lamenta que “colectivos como UPA-UCE o la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito intenten confundir y alarmar a los profesionales del campo, amplificando un problema que no tiene la dimensión de la que hablan”.
No obstante, la Consejería de Fomento vuelve a ponerse a disposición de los agricultores para resolver cuantas dudas tengan sobre la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.
Rufo asegura que desde la Consejería de Fomento se ha realizado un ejercicio de transparencia y asesoramiento con los representantes de los agricultores, para acercar la realidad compleja de la normativa del transporte a las tradicionales prácticas de recolección agrícola, con el único objetivo de que los profesionales del campo sepan cómo actuar y puedan llevar a cabo el transporte sin incurrir en infracciones.
La Dirección General de Transportes de Extremadura tramita una media de 4.000 sanciones al año por incumplimiento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. De ellas, 3.600 son actas abiertas por la Guardia Civil, “por lo que lo único que se hace desde la Consejería de Fomento es darles trámite administrativo para cumplir la normativa legal. Del total, sólo 400 sanciones responden a las obligadas labores de inspección de la Dirección de Transportes”.
De las 4.000 sanciones tramitadas en el último año, la inmensa mayoría afectan a transportistas y sólo 30 han afectado directamente a agricultores como consecuencia de la labor de inspección de la Dirección General de Transportes. “La mayor parte de ellas se refieren a falsos agricultores cuya única actividad era el transporte público de mercancías ajenas”, añade el Gobierno de Extremadura.
Miguel Ángel Rufo sostiene que la Administración debe velar por que se lleve a cabo el transporte público contando con las autorizaciones preceptivas y reuniendo los requisitos que exige la legislación vigente. Por ello, no entiende que los colectivos agrarios antes mencionados inviten a la Consejería de Fomento a no hacer cumplir la ley, una normativa que además tiene rango estatal.
Lunes, 14 Octubre 2013 | 
