Empleados de la factoría de Carcesa de Don Benito se han concentrado este jueves en la puerta de esta fábrica para protestar contra el cierre de esta planta y el posible traslado a Montijo anunciado por la empresa.

A la protesta, celebrada durante los diez minutos de descanso del turno de mañana, se han sumado decenas de representantes sindicales de la comarca de Vegas Altas encabezados por Francisco Rodríguez y Laura Méndez, dirigentes de las federaciones de industrias agroalimentarias de Comisiones Obreras y UGT, respectivamente.

Con una pancarta de ‘No al cierre’ y coreando lemas como ‘Carcesa no se cierra’, los trabajadores han exigido a la empresa que ofrezca detalles sobre el plan de viabilidad de la misma.

Según Manuel Capote, delegado de Comisiones Obreras en esta factoría, “las negociaciones se encuentran en punto muerto; ellos –en referencia a la empresa- han hecho una oferta, pero nosotros no vamos a hacer nada hasta conocer los entresijos del plan de viabilidad”.

Capote anunció que este sábado tendrá lugar una reunión de la plantilla de esta planta dombenitense y lo que se decida se trasladará el próximo lunes a la reunión que mantendrán los delegados sindicales con la empresa.

En opinión de José María sosa, empleado de Carcesa Don Benito y delegado de UGT, “no es cierto que esta fábrica necesite siete millones de euros, pues con una menor inversión tendríamos una planta más competitiva”.

A juicio de Francisco Rodríguez, secretario general de la federación de empresas alimentarias de Comisiones Obreras en Extremadura “no hay nada que certifique que esto vaya mal y esperamos a Domingo Fernández a que venga a darles explicaciones a los trabajadores”.

“Me sabría mal –añadió- que en el futuro nos tengamos que plantear que lo que se hizo aquí fue un pelotazo y no estamos por la labor de que con dinero público se estén haciendo este tipo de gestiones sin aclarar blanco sobre negro las condiciones reales por las cuales se cierra Don Benito”.

Según Rodríguez, “la viabilidad pasa por inversiones y aquí no pretenden hacer ninguna, sino trasladar algunas actividades incluso a otras comunidades y en eso Avante, como empresa pública, tendrá que decir algo porque concierne a aspectos como política social y dinero público”.

En similares términos se expresó Laura Méndez, de la federación de industrias agrarias de UGT, argumentando que el cierre “es una decisión unilateral de la empresa, que no ha presentado la documentación pertinente para hacerlo”.