La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA-UCE Extremadura ha pedido a la Administración que actúe y haga cumplir la Ley de Morosidad.

Según declaró en rueda de prensa el secretario general de esta organización, Ignacio Huertas, el sector agrario se está viendo “obligado” a “financiar a la fuerza” a la industria y la distribución, ya el sector industrial, de manera “unilateral” ha decidido retrasar los pagos de las producciones a los agricultores.

Huertas recordó la situación tan “complicada” que están viviendo los agricultores y ganaderos al tener que hacer frente a los gastos de sus explotaciones cuando, en muchos casos, todavía no han cobrado sus producciones de esta campaña.

Como ejemplo, ha citado el caso del sector de la fruta, donde algunos agricultores sólo han cobrado parte de la cosecha que entregaron este verano y otros sólo cuentan con un “pagaré” desde hace seis meses.

En el caso del tomate, añade, algunas industrias han incumplido sus contratos puesto que, a fecha de hoy, todavía deben un 30% de la campaña a algunos agricultores, mientras que otros no han llegado a recibir ningún pago.

Por todo ello, UPA-UCE pide a la Administración que actúe ante esta “ilegalidad” y haga cumplir la Ley de Morosidad que establece el pago de los productos perecederos en un plazo de 30 días y el de los no perecederos en 60 días.

Además, UPA-UCE también pide a la Administración que abra una línea de financiación oficial, específica para el sector, de  manera que fluya el crédito y el sector no quede colapsado económicamente.

En el sector del tomate, el secretario general de UPA-UCE ha criticado la idea de las industrias de aplazar los pagos hasta diez meses y de mantener los mismos precios de contratación del año pasado, es decir, entre 72 y 74 euros la tonelada, cuando los costes de producción se sitúan ya en torno a los 83 euros.

Unas condiciones que UPA-UCE rechaza y aconseja a los agricultores no aceptar ya que, antes de obtener una bajada de renta en sus explotaciones, pueden optar por otros cultivos más rentables como el maíz.

Huertas elogia la apuesta del presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, para que Cetarsa siga siendo una empresa pública y en cuanto al olivar pide la activación del mecanismo de almacenamiento privado “cuanto antes”, puesto que “se están dando ya las condiciones de bajos precios para que se ponga en marcha”, de forma que este sector pueda salir adelante después de cuatro años consecutivos de pérdidas por bajos precios.