Apyme Don Benito se suma al rechazo que expresa COEBA a la huelga general del 14 de noviembre convocada por las organizaciones Sindicales CCOO, UGT, CGT y CNT.

Según Apyme Don Benito y COEBA, el análisis de los objetivos perseguidos por la huelga permiten calificar la misma como política, porque se plantea contra decisiones del Gobierno de la Nación o del propio Parlamento.

“Así, tiene lugar contra legítimas decisiones legales, de las que ha sido autor el Gobierno de la nación, refrendadas por las Cortes Españolas, como ocurre con el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar laestabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad; o la Ley 3/2012, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”.“Lo mismo puede decirse de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que están siendo objeto actualmente de tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley”, añade el colectivo empresarial.

Según Apyme Don Benito y Coeba, la convocatoria de una huelga general también afecta al proceso de diálogo social, “con importantes y recientes resultados como la firma del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 (II AENC) y del V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales. Especialmente, el primero de ellos aporta significativas novedades en materia de herramientas –moderación salarial y flexibilidad interna- para el   mantenimiento de la actividad económica y el empleo que contribuyen a la salida de la crisis que tan duramente está afectando a empresas y trabajadores”.

En consecuencia, Apyme Don Benito y COEBA sigue considerando necesario garantizar entre otros, el derecho al trabajo, la seguridad de las personas e instalaciones empresariales, la protección de los bienes –productos y servicios-, la tipificación de la actuación legal de los piquetes y la calificación previa de la huelga, así como la exigencia de responsabilidades sobre todo tipo de daños a los convocantes de la misma.

En definitiva, “resulta preocupante el impacto negativo que esta convocatoria de huelga pueda tener para la actividad económica, la creación de empleo, la imagen de España en el exterior y la confianza de los inversores. Por ello, no puede recibir beneplácito alguno de nuestra Organización Empresarial, sino al contrario, nuestro más absoluto rechazo, al estimar que sólo el diálogo social y la concertación entre intereses encontrados es el mejor procedimiento para la solución de nuestros graves problemas”.