El alcalde de Don Benito, Mariano Gallego, ha declinado asumir la presidencia de la junta rectora de Feval, que, durante un año, le correspondía a partir del 14 de febrero.

Gallego rehúsa presidir dicha junta en estos momentos hasta tanto no se lleve a cabo una auditoría externa para esclarecer las cuentas de la institución ferial.

Feval se constituyó en 1985 adoptando la forma jurídica de consorcio formado por la Junta de Extremadura, las diputaciones de Badajoz y Cáceres y el Ayuntamiento de Don Benito, pero, según el alcalde, “desde aquella fecha, el objeto social y en general los estatutos de la institución han sufrido tal cantidad de alteraciones y modificaciones, siempre en perjuicio de los intereses de Don Benito, que en la actualidad no se parecen en nada a los que se pactaron en el inicio”.

En la actualidad, añade el edil, se han constituido dos nuevas sociedades y “existe un enorme desconcierto en la normativa que regula la entidad, sobre todo a partir de esta supuesta sucesión de empresas que no puede calificarse como tal, sino como una sucesión por escisión de empresas, ya que la entidad inicial es el socio único de dos nuevas sociedades”.

La gestión de estas dos nuevas sociedades, que se denominan ‘Feval gestión de servicios’ y ‘Feval promoción Comercial’ es un hecho “que se ejecuta sin la concurrencia del acuerdo del Ayuntamiento de Don Benito con abuso de la mayoría socialista del resto de instituciones y que además nomina a dos personas como administradores únicos con amplias facultades respecto a la gestión interna y al personal dependiente de las mismas”, sostiene el alcalde.

Los administradores carecen, a juicio de Mariano Gallego, de trayectoria profesional, conocimientos y bagaje para desempeñar la citada función.

En opinión del alcalde dombenitense, la junta rectora ha quedado completamente vacía de contenido a favor de las dos nuevas sociedades, cuyos administradores únicos quedan facultados para contratar, despedir y regir las relaciones del personal sin control alguno.

“Este extrañísimo cambio pretende al parecer lo que se pretende es evitar los controles jurídico-políticos que representa el estar sometido a la normativa que regula el funcionamiento de las entidades públicas y asimismo dejar en manos de los administradores únicos el control absoluto del personal al servicio de la institución”.

Gallego sostiene que se ha creado “una situación interna absolutamente insoportable para el correcto funcionamiento de la institución y se están conociendo una serie de datos, en relación por ejemplo a los ingresos de algunos dirigentes y a la contratación administrativa, que ponen en peligro el buen nombre de Feval y a los que el ayuntamiento al que represento no quiere hacer caso hasta tanto no obtenga los datos que le deben ser facilitados para desmentirlos y que llevan en algún caso incluso años sin ser obtenidos, pese a su reiterada solicitud”.