El abogado de la Acusación Particular del Caso Aprosuba 9, José Manuel Domínguez, que se había personado en este juzgado, ha calificado la incomparecencia de los imputados en el Juzgado villanovense de “indignante” y ha añadido que “esto ni es transparencia, ni nada, sino un flaco favor a la Justicia y significa poner piedras a la investigación”.

El abogado de la Acusación considera la incomparecencia “un disparate y un obstáculo a la Justicia, pues precisamente el exhorto es para evitar que los imputados tengan que desplazarse 470 kilómetros, pero está visto que tienen el propósito de tirar por el camino más largo”.

Aunque no lo ve razonable, Domínguez ha admitido sin embargo que los imputados tienen derecho a no declarar en Villanueva de la Serena y a hacerlo en Torremolinos, pero a su juicio “quieren evitar sentarse en un banquillo aquí, pero no podrán evitar hacerlo allí, sí o sí, porque si no serían conducidos por la fuerza pública”.

Según la querella presentada por José Manuel Domínguez y admitida a trámite, los hechos se remontan a mayo de 2009, cuando, en el transcurso de una excursión de Aprosuba 9 a Torremolinos, una usuaria con discapacidad fue presuntamente agredida sexualmente dentro del hotel donde se hospedaban por otro usuario también con discapacidad mientras era sujetada por otra discapacitada.

“La agredió sexualmente, consistiendo dicha agresión en la penetración vaginal y por medio del uso de la fuerza; el coito se consumó llegando a la eyaculación del agresor sexual”, señala la querella.

Tras ese incidente, el padre de la agredida decidió acudir a la Justicia después de que en Aprosuba 9 “intentasen ocultar los hechos en lugar de que trascendieran”, según el propio abogado.

En este sentido, la querella imputa a los empleados por “la intención inequívoca de ocultar los hechos ocurridos en el seno de la institución, y para que no trascendieran al exterior ni se tuviera conocimiento de los mismos, llegando a coaccionar con amenazas y vejaciones a la agredida para que no contase a nadie lo sucedido”.

Con posterioridad a que trascendiera la querella, Aprosuba 9 expresó que “con los datos de que disponemos tenemos el convencimiento de que la base de la querella no es cierta, y por consiguiente queremos dejar claro que denuncias tan graves deben ser examinadas por la justicia, ya que acusaciones de esta magnitud y su difusión están produciendo un enorme daño tanto a las personas aludidas como a la institución, que lleva más de 30 años defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.