El alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha firmado en la sede de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (Sepes) en Madrid, un protocolo de colaboración entre dicho organismo y el ayuntamiento, protocolo que se engloba dentro del marco de las OPCS, la Oferta Pública de Compra de Suelo que Sepes lanzó en 2008.

De esta forma, tras la firma del protocolo, el Sepes desarrollará suelo para la construcción de un total de 492 viviendas protegidas en Villanueva de la Serena. Una actuación que supondrá que el Sepes invierta un total de 6 millones de euros.

En la firma han estado presentes el director general de Sepes, Félix Arias, y Miguel Ángel Gallardo. El objetivo principal que este tipo de protocolos tiene es el de generar reservas estratégicas de suelo residencial para garantizar una oferta suficiente de vivienda protegida.

En concreto, el Sepes actuará en unos terrenos que ocupan una superficie de 12,4 hectáreas, en concreto es la actuación urbanística llamada “La Orden”. Un terreno que es propiedad del consistorio municipal tras invertir 2,2 millones de euros en la adquisición de suelo. El coste total de la actuación se estima en 6 millones de euros.

El acuerdo firmado establece que Sepes tendrá en cuenta los criterios del Ayuntamiento a la hora de redactar o modificar los documentos de planeamiento, programación y gestión urbanística. Por su parte, el ayuntamiento se compromete a consensuar con Sepes las modificaciones del planeamiento, del sistema de actuación del ámbito o cualquier otro instrumento o proyecto que pudiera afectar al desarrollo de la actuación.

Todo ello tendrá en cuenta siempre la viabilidad económica y técnica del proyecto. El consistorio se compromete también a garantizar el desarrollo de la actuación y apoyar la obtención de las ayudas o subvenciones que procedan.

La actuación en Villanueva de la Serena es una de las ocho resultantes de la OPCS, que Sepes lanzó en 2008 con el objetivo de generar reservas estratégicas de suelo residencial. Esta operación supuso la adquisición de suelo en ocho municipios y la firma de acuerdos marco de colaboración con la mayoría de las CCAA (Aragón, Galicia, Castilla La Mancha, Murcia, Andalucía, Valencia, Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Baleares, La Rioja y Cataluña), así como con el Cabildo Insular de Gran Canaria, para el desarrollo conjunto de suelo para vivienda protegida.